Plebiscito en
Sarapiquí
Votantes aprobaron
conservación del río
(SeMueve: diciembre 2000)
Por Bértold Salas
El pasado 24 de setiembre las comunidades sarapiqueñas
tuvieron la oportunidad de participar en un plebiscito que
proponía la protección de la cuenca del río Sarapiquí
al transformarlo en Patrimonio Natural Histórico.
Quienes acudieron a los centros de votación pudieron
expresar su posición ante la siguiente pregunta:
"¿Está usted de acuerdo en conservar la Cuenca del
Río Sarapiquí solicitando su declaratoria como Monumento
Natural Histórico?".
Según informó la municipalidad sarapiqueña, 2254
personas participaron, de las cuales 2036 optaron por el
"Sí", mientras 201 personas vetaron la
propuesta. Aunque las cifras demuestran un triunfo de la
tesis ambientalista, el sector que apoyó el
"No" ha señalado que los votos positivos suman
solamente un 11,68% del padrón electoral del cantón.
¿Qué implicaciones puede tener el plebiscito para las
actividades de generación hidroeléctrica? ¿De qué
manera puede sentar un precedente en lo que se refiere a
la participación ciudadana? SeMueve indagó sobre las
perspectivas de ambientalistas, representantes municipales
y personas conocedoras de la problemática.
¿Porqué el plebiscito?
La consulta provino de una iniciativa de la comunidad y
de sus distintas organizaciones ante el deterioro de la
cuenca del Sarapiquí por la explotación hidroeléctrica.
En los últimos años el número de plantas generadoras
creció, y de manera desordenada hasta el punto de que,
según Rocío López de la Asociación para el Bienestar
Ambiental de Sarapiquí (ABAS), ya fue superada la
capacidad de la cuenca de ser explotada sin perjudicar el
ambiente.
Según López, existen evidencias de un abuso de los
recursos hídricos: la multiplicación de cabezas de agua
que provocan la muerte de peces e inundaciones; la
pérdida del volumen del caudal de afluentes del
Sarapiquí, como los ríos Volcán, San Fernando y Toro.
Algunos de estos ríos dejan de ser navegables y afectan
así a poblaciones que no cuentan como otro medio de
transporte.
La disminución del caudal también perjudica a los
agricultores y las crecidas de agua a los empresarios
turísticos. La industria turística se ha transformado en
la última década en una de las principales fuentes de
ingresos para los sarapiqueños: alrededor de 150
pequeñas empresas, explicó López.
Germán Guardiola, de la Oficina Ambiental de la
Municipalidad de Sarapiquí, comentó que en los últimos
años se ha dado "cierto desarrollo, los vecinos
construyen muelles, compran carro y bote para responder a
las demandas turísticas". Sin embargo, el deterioro
del paisaje y las ya constantes cabezas de agua ahuyentan
a los visitantes.
Según Guardiola, el incremento en el número de
plantas hidroeléctricas en los últimos años se debió a
la Ley 7200 sobre la cogeneración privada de
electricidad, la cual obligaba al ICE a comprar la
energía aunque no la requiriera.
"Un negocio redondo para los inversores, casi
siempre con vínculos con políticos", dijo el
abogado Jorge Mora P. Para las comunidades, en cambio, el
resultado fue perjudicial: los empresarios aprendían
sobre la marcha el asunto de la "generación
eléctrica" y, por ser su propósito lucrar, no
pensaron en las implicaciones sociales. Según López, los
proyectos privados no brindaron beneficio alguno,
"más allá de los empleos en su construcción, un
consuelo para un año o dos".
Un nuevo proyecto, esta vez de la Empresa de Servicios
Públicos de Heredia (ESPH) en La Virgen, motivó la
consulta popular.
Según Guardiola, la primera solicitud para un
plebiscito se dio en 1998, pero entonces se carecía de
experiencia, se desconocían todas sus características y
alcances y se debió solicitar la asesoría del Tribunal
Supremo de Elecciones (TSE).
Al año siguiente se formó una comisión que incluía,
entre otras personas, a Guardiola y a Rocío López.
Según el primero, fueron invitados representantes de la
ESPH, pero estos se retiraron tras unas pocas sesiones y
sin sin explicarse.
En setiembre de 2000, tras una preparación de meses y
con la supervisión directa del TSE, se realizó el
plebiscito.
Empresa no acepta legitimidad de la consulta
Poco después de la consulta y en nombre de la ESPH, el
ingeniero Pablo Soto publicó un campo pagado en la
revista Sin Fronteras, en el que cuestionaba su
legitimidad. Decía el comunicado que "el pueblo de
Sarapiquí en su totalidad no ha dicho Sí a la
declaración del Río Sarapiquí como patrimonio" y
eso "pese al esfuerzo de los grupos interesados para
evitar que dicho río sea utilizado para el crecimiento y
desarrollo del país".
Además de no considerar el resultado como
representativo de la voluntad sarapiqueña, agregaba que
"la declaratoria del Río Sarapiquí como patrimonio
no le corresponde solamente a un cantón sino a todo el
país".
Tras esto destacaba que sin una campaña como la
desarrollada por los grupos ecologistas y turísticos, uno
de cada diez votantes votó "No" y, "en el
caso de La Virgen, donde la ESPH S.A. ha desarrollado un
trabajo comunal y ha explicado dichas ventajas, dicha
votación llegó a 27,0%".
Para la realización de este reportaje en dos ocasiones
se solicitó a Soto, a través de su secretaria, una
extensión de sus declaraciones, sin que hasta el cierre
de edición se haya recibido respuesta.
A su vez, Guardiola respondió a las objeciones de Soto
sobre la escasa participación: "Tomemos en cuenta
que es un cantón muy grande, el traslado es muy difícil,
apenas era el segundo plebiscito en el país, su tema era
muy específico y la pregunta muy compleja".
Además, agrega Guardiola, "no puede suponer que
los que no votaron preferían el "No". Calificó
de poco seria la declaración del representante de la ESPH:
"¿De dónde sacó esas cifras?", dijo y
ejemplificó "¿Sabe cuántas personas votan en las
distritales de Liberación y la Unidad en Sarapiquí? No
pasan de mil".
Participación comunal
Rocío López comentó que con el plebiscito se buscó
definir el tipo de desarrollo que se quiere realizar en la
cuenca.
Distintas organizaciones, con años de trabajar en el
cantón, crearon una plataforma a través de un comité
integrado, entre otros, por la Cámara de Turismo, ABAS,
la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo, la
Asociación Centro de Capacitación del Atlántico Norte (ACECAN),
la Asociación del Acueducto de Chilamate, la Asociación
de Transportistas Acuáticos y la Asociación de
Vigilancia del Sarapiquí (AVESA).
El papel de la Municipalidad fue muy importante, porque
le correspondió operar la consulta. Según Guardiola,
aunque a lo interno del Consejo se dieron y se dan
diferencias, la Municipalidad participó desde el
principio y así lo confirmó López: "la
Municipalidad pudo alegar falta de fondos o trabar las
operaciones, pero no".
Mora destacó del plebiscito, "independiente de
qué venga después", que las comunidades empiezan a
utilizar herramientas que se tienen y no se usan. El
plebiscito, por ejemplo, "es obligatorio para la
Municipalidad, si son presentadas una cantidad de firmas
que así lo pidan".
Si las consultas se hacen una costumbre, esto obligará
al diálogo entre las instituciones públicas (ICE, por
ejemplo) y privadas (ESPH, en este caso) con las
municipalidades y las comunidades, explicó Mora.
Mora también agregó, por otra parte, que las
comunidades han de distinguir sus intereses de los de los
grupos participantes. En el caso de Sarapiquí, por
ejemplo, analizar si los intereses de las empresas
turísticas, algunas grandes, no se hacen pasar por los
intereses populares.
Además del plebiscito, las municipalidades cuentan con
otras herramientas a raíz del nuevo Código Municipal,
que brinda más atribuciones. Por ejemplo, ilustró Mora,
"la Municipalidad puede definir zonas de uso del
suelo y un plan de manejo de uso de la cuenca y dar
limitaciones de uso", que es más o menos lo que se
realiza en Sarapiquí tras el plebiscito.
"También es posible pensar en la generación
eléctrica como actividad comercial que requiere patente
municipal, establecer un reglamento de patentes que
incluya variante ambiental y aprobar o desaprobar los
nuevos proyectos". Esta segunda alternativa,
reconoció Mora, requiere una gran voluntad política al
interior de las municipalidades.
¿Qué viene ahora?
Para Mora, el texto de la pregunta en el plebiscito fue
una apuesta de los grupos ambientalistas pues utiliza una
figura ("Monumento Natural Histórico") que no
está categorizada en la Ley Orgánica del Ambiente.
Corresponderá al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
que, tras el "Sí", se aclare qué es un
"Monumento Natural Histórico", qué se puede
hacer con él, cuáles son sus funciones y restricciones.
La ventaja y el riesgo de la figura, estimó Mora, es
que transforma la protección del Sarapiquí en un asunto
de interpretación, lo cual exigirá la negociación de
los grupos interesados.
Para López la palabra clave en la consulta fue
"conservar", y los resultados ponen de
manifiesto que ese es el deseo de los votantes. Ella
explicó que la insólita figura fue solicitada por la
comunidad, que quiere reconocer el valor histórico del
Sarapiquí durante la Guerra del '56.
Tras el plebiscito, el mismo comité organizador se
transformó en el Consejo para el Manejo de la Cuenca y se
dedicó a redactar una ley, de la cual ya hay un borrador:
"Proyecto de Declaración del Río Sarapiquí como
Monumento Histórico Natural", que circula por la
comunidad.
Según Juan José Jiménez, jefe de la subregión del
MINAE de Sarapiquí, la ley ha de contemplar un Plan de
Ordenamiento Ambiental de la Cuenca tras un estudio de
ésta. En este estudio se clasifican los sectores según
su mejor uso, se determina si hay deterioro y cuáles son
las fortalezas. Jiménez aclaró que "existe la
posibilidad de que se considere como no problemática la
explotación hidroeléctrica en ciertas zonas".
Según Jiménez el estudio parece obligatorio, pero
también es muy caro: "y alguien ha de correr con sus
gastos. Ese alguien puede ser el ICE, puede ser la
municipalidad a través de un impuesto o se puede buscar
apoyo exterior".
La generación hidroeléctrica tras el plebiscito
Pese a las objeciones de Sarapiquí y otras comunidades
sobre las perjuicios de la explotación hidroeléctrica,
sus defensores insisten que es la forma más limpia y
barata de producir energía.
Para López, sin embargo, el MINAE y el ICE han sido
poco serios al plantear proyectos y no han tomado en
cuenta a las comunidades.
Federico Avilés, ingeniero del ICE y coordinador del
Estudio de Factiblidad del Proyecto Cariblanco, reconoció
que en determinados momentos el ICE no consultó a las
comunidades, pero afirma que en la última década esta
actitud varió. Además agrega que " al empezar el
ICE a trabajar el país estaba menos poblado y los
proyectos no afectaban a la población; con los años
ésta aumentó y la legislación ambiental también".
Según Avilés, el ICE no tiene plantas operando en la
cuenca del Sarapiquí, "aunque no negamos nuestro
interés en en Cariblanco", donde los estudios están
avanzados. Para ello han realizado consultas a la
comunidad, afirmación que contradice la de López, quien
declaró que la comunidad de Cariblanco no ha sido
consultada.
Avilés, Mora y López coinciden que desde ahora los
proyectos han de contar con una discusión y negociación
con las comunidades, lo que significará un manejo más
responsable de los recursos.
"El problema es que el ICE se acostumbró a ver
las cuencas en términos de agua y de energía
hidroeléctrica, sin ver a la gente implicada", dijo
López. "Necesitamos que nos aclaren si el ICE busca
resolver los problemas y asuntos nacionales o ser una gran
empresa de exportación de electricidad", agregó.
La pregunta de Mora va en otro sentido: ¿cómo
satisfacer las necesidades energéticas del país
cumpliendo los requisitos de la conservación ambiental?
"El problema no es si hay o no impacto ambiental; el
problema es si es necesario para el desarrollo nacional
asumirlo y qué se puede hacer para minimizarlo".
Sobre los plebiscitos en comunidades, Mora no duda que
se repetirán como herramienta de presión, aunque
vislumbra otros espacios para dar la discusión:
"¿Qué prevalece, la voluntad de la comunidad o el
interés nacional?".
En relación con la manera de minimizar el impacto
ambiental Mora sugirió que se impidiera la generación
privada y que se hagan efectivos los reglamentos
existentes. Además, antes que crear nuevas leyes le
pareció necesario que el ICE, como principal interesado
en la explotación de las cuencas, hiciera más
sostenibles y transparentes sus políticas, al incluir la
consulta popular.
"El ICE podría alegar que sus proyectos en
Sarapiquí son de "conveniencia nacional" y con
esto justificar la expropiación de tierras. Sin embargo,
la madurez social en la región es tal que sin duda
optará por la negociación".
Negociación: casi todas las personas entrevistadas
caracterizaron así el camino que le espera a los nuevos
proyectos hidroeléctricos en Sarapiquí después del
plebiscito. Plantas como La Virgen, de la la ESPH, o
Cariblanco por parte del ICE, deberán ser sometidas a
consulta y negociación, a riesgo de enfrentar a la
comunidad si se quieren imponer.
