Lucha antipetrolera
en el Atlántico Sur
"Nos
defendemos a capa y espada"
(SeMueve: mayo 2001)
Por Laura Fuentes Belgrave
Exploraciones cuestionadas
La experiencia de los pescadores
Prefieren el eco-turismo
¿Consulta comunitaria o simples relaciones públicas?
"Somos el primer país en contra de la actividad petrolera antes de que se instale, es mejor prevenir que curar, y sin duda es una reacción de madurez ante la situación mundial", señala con orgullo Gloria Marchieri, de la Cámara de Turismo del Caribe, y hotelera integrante de ADELA, siglas de Acción de Lucha
Antipetrolera.
ADELA está integrada por gente de toda la zona de Limón y Talamanca, afrocostarricenses, indígenas, costarricenses y extranjeros. El movimiento cuenta con el apoyo de la red internacional
Oilwatch. También existe un Frente Nacional contra la actividad petrolera que se reúne cada 20 o 30 días en Limón y San José, los focos organizativos se reúnen en Talamanca cada 15 días. En Limón hay reuniones con pescadores cada semana.
Sobre estas organizaciones, Alberto Fernández, director de la Dirección General de Hidrocarburos, opinó que "la gente parte de que hay petróleo, la compañía lo va a encontrar y se va a construir un pozo productor (premisas que pueden no cumplirse), y parten de que habrá un derrame y no existirá capacidad para contenerlo. Algunos de estos grupos adoptan una línea extrema".
Sin embargo, las organizaciones indígenas de la zona tienen malas experiencias que contar. En 1915 se perforó un primer pozo exploratorio al sur de Limón. Desde entonces, en la región se ha abierto un total 12 pozos exploratorios. La mayor parte de ellos en territorio indígena. Las últimas exploraciones se dieron hace unos 20 años y dejaron malos recuerdos.
"En los años 80 nos pasaron los tractores de las petroleras por encima, todo fue removido con explosivos, y más tarde sellaron los pozos. Esto lesionó lo más importante para nosotros: la tierra. Abrieron caminos para explotar la madera, y en la época de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) llegó la prostitución, el alcoholismo y la drogadicción, hubo deterioro ambiental y social. Es por esa razón que en Talamanca nos defendemos a capa y espada de las petroleras".
Esta es una de las razones explicadas por Reynaldo González, asesor de la Asociación de Desarrollo Integral Bribri, comunidad indígena del Atlántico sur, de porqué las comunidades del Atlántico Sur de Costa Rica se oponen a las exploraciones petroleras que se realizan en Costa Rica desde hace más de dos años.
La lucha contra los megaproyectos es una lucha de por vida para los indígenas; porque riñen con su modelo de existencia practicado por milenios. Se encuentran en el Parque Internacional La Amistad, tierra ancestral indígena, compuesta por Bribrís y Cabécares (30 comunidades), que constituyen alrededor de 10 000 personas.
González, aseveró que "no habrá pacto con ninguna empresa" y denuncia que los interesados en la actividad petrolera han sembrado células para dividir a los indígenas, pero es sabido que en los años 80 las exploraciones realizadas por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y RECOPE no mejoraron sus condiciones de trabajo, y la gente tuvo que abandonar sus fincas. La lucha actual implica para la comunidad de Talamanca defender que las tierras queden en manos indígenas.
Los dirigentes de ADELA también se fundamentan en la experiencia de América Latina dentro de la actividad petrolera para oponerse a ésta, esgrimiendo argumentos de índole económico y ambiental, pues afirman que se ha contaminado el ambiente en los países más pobres y no ha ayudado a generar riqueza, ni puestos de trabajo, además de advertir sobre el impacto que podría causar la industria petrolera en los ecosistemas del Caribe sur. "También está el aspecto cultural: existe discriminación contra una zona habitada principalmente por negros e indígenas", argumentó Enrique Joseph, Presidente de la Cámara de Turismo de Cahuita e integrante de ADELA (Acción de Lucha
Antipetrolera).
Exploraciones cuestionadas
Al igual que en otros países latinoamericanos, en Costa Rica también hay inversiones petroleras, aunque todavía no han dado con el codiciado "oro negro". ¿Suena como de cuento? Pues es una realidad.
En 1997 Costa Rica fue dividida en 27 bloques para la explotación petrolera, y se dio la concesión de algunos a grandes empresas transnacionales, que posiblemente busquen el control de las últimas reservas de combustible fósil en el planeta.
En julio de 1998, mediante la resolución R-702-98 se adjudicó la concesión de exploración y explotación de hidrocarburos del Cartel de Licitación No.1 en los Bloques 2, 3, 4 y 12 a la empresa MKJ Xploration Inc. (socio minoritario de Harken Energy Corporation, actualmente dueña del 80% de la inversión).
Estos bloques, dos terrestres y dos marinos, van desde Moín hasta la frontera con Panamá, y suman 5.600 km cuadrados (la costa del Caribe Sur). Zonas de inmensa biodiversidad.
Harken Energy hizo en noviembre de 1999 exploración marina, mediante estudios de reflexión sísmica, en un área de 108 km cuadrados, frente al puerto de Limón, entre Moín y
Cahuita.
La reflexión sísmica consiste en golpear a presión el fondo marino con burbujas de aire. El proceso consistía en hacer 20 000 detonaciones sísmicas en el fondo del mar, lo cual (se sabe) daña a los mamíferos por su potente sonido.
La población del lugar afirmó no haber sido consultada sobre estas actividades, y a raíz de esto, las organizaciones locales dieron inicio a una campaña desde diciembre de 1999, en contra de la actividad petrolera. Desde entonces se han realizado reuniones, talleres y festivales para poner al tanto de la situación a las comunidades afectadas.
Mientras tanto, entre los grupos organizados de la región se formaba el núcleo de lo que hoy es ADELA, la coalición antipetrolera, al que se fueron uniendo muchos más grupos, para sumar unas 95 organizaciones en Talamanca y Limón opuestas a la actividad petrolera.
La organización Justicia para la Naturaleza presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, en nombre de una gran cantidad de organizaciones de carácter comunal, indígena, ambiental y turístico de la zona de Limón. Este recurso objetó las concesiones de exploración petrolera, y posteriormente, fue avalado por la Sala, la cual dictaminó en su fallo la obligación de realizar una consulta a los habitantes de los territorios indígenas, antes de cualquier tipo de actividad de exploración petrolera en sus tierras. Finalmente, la compañía renunció a los bloques #2 y #4, donde se encuentran las reservas indígenas.
"El fallo de la Sala IV fue importante, pero los indígenas hemos tenido el derecho histórico de acceso al mar, sin consultar previamente. La consulta no tendría sentido, y no sería legitimada, porque ya se tomó una decisión. El Estado tendría que impulsar una propuesta donde los sectores indígenas sean actores y beneficiarios, porque según los convenios internacionales tenemos derecho a áreas históricas. La consulta no debe efectuarse, es como seguirles el juego", señaló Reynaldo González.
Y es que el Gobierno costarricense violó los compromisos del Convenio 169 de la OIT sobre autonomía indígena, los de la Cumbre de Río de Janeiro, de la Cumbre Social de Copenhague, el Convenio de Cites sobre conservación y zonas protegidas, el Convenio RAMSAR sobre la protección de humedales, y varios artículos de la Constitución Nacional, entre otros.
Un segundo recurso de amparo fue presentado por un vecino de Limón, ante la Sala Constitucional, pues el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Harken no consideraba el peso de la actividad petrolera sobre el ecosistema de la región. Sin embargo aún se espera el fallo de la Sala.
Más tarde, en enero del presente año, se conocería la resolución (Oficio N° 00827-2001-DHR) de la Defensoría de los Habitantes de la República, que señala la falta de información actualizada de los estudios de impacto ambiental, la falta de recursos técnicos de la SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) para refrendar el estudio, y su imposibilidad para determinar los impactos de la reflexión sísmica en la zona.
También afirma la necesidad de incluir la participación de las comunidades involucradas en la actividad petrolera.
En enero del 2001, la SETENA pidió un anexo para aclarar y ampliar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Harken Energy, que presentaba grandes vacíos, pues no se refería al tipo de acciones en caso de posibles derrames de petróleo, ni análisis químicos de los materiales de las perforaciones. En el estudio se pasaba por alto la existencia de los mamíferos de la zona y no se tomaba en cuenta el desove de las tortugas.
En su resolución (expediente 619-18) sobre el proyecto, SETENA plantea la necesidad de una audiencia pública para conocer los criterios de la población sobre la actividad petrolera.
Y este anexo fue finalmente, producto del esfuerzo de los grupos organizados, gracias a la asesoría de los dictámenes independientes de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y Caribbean Conservation Corporation, cuyos biólogos redactaron sendos análisis sobre el estudio de impacto ambiental presentado por Harken, el cual estaba incompleto desde el punto de vista científico y social.
Actualmente, SETENA estudia el primer el segundo Estudio de Impacto Ambiental realizado por Harken (pues para la reflexion sismica ya se presento uno), a la luz de los otros estudios, y se espera su resolución final, junto con la convocatoria de la Municipalidad de Limón a una audiencia pública, cuyos resultados no se considerarán vinculantes con la resolución de SETENA.
La experiencia de los pescadores
Al inicio de la exploración petrolera se hizo una comisión formada por representantes de los pescadores y personeros de Harken, hubo varias reuniones. A los pescadores se les planteó la alternativa de una indemnización, que cubriría gasolina para desplazarse a otras aguas y tiempo de pesca, por las dos semanas que duraría la reflexión sísmica en sus aguas de pesca. Incluso algunos fueron contratados para monitorear los trabajos.
Ellos aceptaron y algunos fueron indemnizados, pero después de la reflexión sísmica no ha habido más langosta. Esto no se previó porque el estudio de impacto ambiental que realizó la compañía estaba caduco, ya que se realizó en la época migratoria de la langosta, por esta razón se fueron a pescar con redes en las aguas protegidas de la Reserva Gandoca Manzanillo y afectaron la pesca en esa zona.
Según el Director General de Hidrocarburos, "no hay justificación para pescar en aguas protegidas, decir que se debe a la exploración sísmica es infundado, porque en ninguna parte del mundo se haría, y por ejemplo, el Mar del Norte es una de las zonas más ricas en pesca, y también donde se hacen más exploraciones en el mundo. Incluso se ha demostrado que las plataformas petroleras constituyen arrecifes artificiales. La de los pescadores es una excusa inaceptable. Y en las estadísticas de INCOPESCA se ve cuánto pescan, y su nivel siempre ha sido poco".
Para Oilwatch, los ecosistemas del Mar del Norte han sido estudiados, hay más especies de pesca comercial y puede haber más producción. El Caribe Sur ha sido menos investigado, y está constituido por una gran cantidad de corales, que después del bosque tropical, son los ecosistemas más ricos.
En este sentido, apunta Mauricio Álvarez, que "tomando en cuenta el riesgo que produciría un accidente petrolero en el mar, las plataformas "coralinas" constituyen el acto de maquillar a un monstruo. Los arrecifes se han formado en plataformas sin uso, en las activas, con el nivel de ruido y funcionamiento que tienen, sería poco probable".
"Al principio había menos tensión con la compañía, porque se desconocía lo que podía ocurrir, pero ahora sabemos que el fondo marino se vio perjudicado por la inestabilidad que causaron las detonaciones en el mar, hasta ahora los pescadores sienten el golpe. La langosta es una de las fuentes de riqueza del pescador, y es muy poca la que entra actualmente. Se manipuló a los pescadores con la indemnización", refirió Arlena McDonald, secretaria de
Pescaribe.
Actualmente las cuatro organizaciones de pescadores ya están en contra de la actividad petrolera, y se están integrando a ADELA.
"Ahora nos reunimos y nos informamos. Pedimos a la Compañía la información sobre quiénes fueron los indemnizados (porque no fueron todos). Es información legal que le corresponde conocer a los pescadores", confirmó Sonia Calvo, representante de los pescadores.
Prefieren el eco-turismo
"En Limón no se incrementaría el trabajo, sino que iría en contra de la actividad turística: ¡se vendría abajo! También está la pérdida de soberanía nacional, se pasa de un enclave bananero a un enclave petrolero, porque son concesiones a empresas extranjeras, no como en otros países. Costa Rica se entrega por una regalía, unos cuantos barriles al mismo precio del mercado", afirmó Cristina Zeledón, hotelera de Puerto Viejo, e integrante de ADELA.
La licitación se realizó al amparo de la Ley de Hidrocarburos de Costa Rica con el fin de establecer contratos que oscilan entre 23 y 26 años. El período de exploración sería de tres años con posibles prórrogas anuales de hasta tres años. Si hay descubrimiento comercial las empresas tendrían derecho a explotar la zona por 20 años. Lo que efectivamente, convertiría la zona en un enclave petrolero.
De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, el contratista deberá pagar regalías mínimas para el Estado que oscilan entre el 1 y el 14% para producciones menores a los mil barriles de petróleo diarios y un 15% para una producción mayor. Las empresas deberán pagar un 30% de impuesto sobre la renta.
Sobre la comercialización del hidrocarburo, se establece que la producción nacional debe cubrir primero la demanda interior y el excedente puede ser importado. Las empresas están exentas del pago de impuestos de exportación, y las ganancias económicas dependen del potencial petrolero.
"Hay una alarmante razón técnica para oponerse, en ningún lugar del mundo ha habido extracción de petróleo sin causar daños a la naturaleza, es un riesgo grande y para el país no habrá un beneficio económico directo. El barril se venderá al mismo precio del mercado internacional. Económicamente se benefician las familias que gobiernan, o los representantes de las compañías", advirtió Enrique Joseph.
En este sentido, Edwin Patterson, Presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Caribe, e integrante de ADELA, comentó que "según la SETENA, la compañía tiene una tecnología de avanzada y dice que la demostrará si se llegan a dar derrames, pero eso no se pudo demostrar".
Según Alberto Fernández, director de la Dirección General de Hidrocarburos los daños ambientales, se dan en un alto porcentaje por accidentes en las operaciones de carga y transporte por tanqueros. Ha habido accidentes en las otras etapas, pero han dejado escuela a la industria petrolera y las medidas de seguridad para la protección al ambiente son mayores, "un riesgo calculado".
Ante esto, Mauricio Álvarez, representante de Oilwatch en Costa Rica, afirmó que las estadísticas aplicadas en estos casos no corresponden a países subdesarrollados del trópico, donde siempre existen impactos medios, debido a la cantidad infinita de ecosistemas que ni siquiera se han estudiado en el Caribe Sur, por esto debería aplicarse el Principio de Precaución que observan los convenios internacionales; pues a poca información mayor es el riesgo.
"Las medidas de seguridad son abundantes y redundantes; hay análisis del subsuelo, entubamientos y cementaciones, equipos de prevención de explosiones, preventores hidráulicos y censores de fluidos. Si esto no funcionara, vienen los otros planes de contingencia para la mitigación de cualquier efecto, hay una brigada instalada, pero si su capacidad es superada, la compañía debe tener, una afiliación a uno de los centros internacionales de atención de derrames, existe uno en Miami, y otro en la costa del Golfo", reiteró Fernández.
Pero son precisamente esas "abundantes" medidas de seguridad del estudio de impacto ambiental presentado por Harken, las que se encuentran en discusión, a la espera de la resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
En el plano laboral, antes de los estudios de reflexión sísmica, ya la compañía había tenido reuniones con los pescadores, y había ofrecido 4 000 empleos, lo cual tuvo el apoyo de ex-bananeros, ex-muelleros y sindicalistas.
Apoyo comprensible en Limón, considerada la provincia más deprimida en el plano socioeconómico nacional, porque sólo para este año, se esperan 7 000 desempleados, con la salida definitiva de las bananeras.
"Siguen con el cuento de los empleos, que en la exploración serían 60 empleos cualificados (y vienen con las empresas subcontratadas para la perforación), y en la explotación 200 empleos directos", contó José Luis Castillo, integrante de APDE (Asociación Pro Desarrollo Ecológico) y de Limón en Lucha.
"La industria petrolera tiene etapas de desarrollo, de primera entrada no vamos a tener una industria madura, ahora se está en la primera etapa, la de exploración, investigación de orden científico que busca las posibilidades de que un recurso se use y se explote. Desde luego que la mano de obra es mucho más intensiva en la etapa de postproducción, pero en la etapa de exploración tiene otras características", aseguró Alberto Fernández.
El potencial petrolero del Caribe sur no es seguro. En cambio, Costa Rica se promociona como destino ecoturístico, lo cual produce empleo y genera microempresas en la zona, que se verían amenazadas por esta actividad.
El turismo es la principal fuente de divisas en Limón: sólo en 1998 visitaron el Parque Nacional Cahuita 48.000 turistas y en 1999 fueron 53.750, cada uno pagó $20 para ingresar al Parque y gastó diariamente alrededor de $100, lo cual beneficia a la zona y al gobierno que cobra impuestos a los negocios que captan esos dólares. El 90% de la actividad laboral en esta zona se relaciona con el turismo, según Enrique Joseph (Ambientico, N.86, Universidad Nacional, Costa Rica, noviembre 2000).
¿Consulta comunitaria o simples relaciones públicas?
La Dirección General de Hidrocarburos, dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), asegura que se llevaron a cabo alrededor de 15 reuniones explicativas de la actividad petrolera en 1999 e inicios del año 2000. Así como las realizadas por la compañía.
Según sus archivos, estas reuniones contaron con la presencia de representantes del MINAE, de los sindicatos, pescadores, comercio, Iglesia, MKJ y Harken Energy, RECOPE, INCOPESCA y representantes del sector ambiental.
En estas reuniones se habló del impacto ambiental de la exploración petrolera en Limón, el desempleo en la zona, los beneficios derivados de la actividad, el proyecto, la indemnización a los pescadores, problemas con la disminución del camarón con base en los datos de INCOPESCA, observaciones al estudio de impacto ambiental, el monitoreo de las embarcaciones durante la sísmica, los efectos de la sísmica sobre el ambiente, el recurso de amparo contra el proyecto y los comentarios de Harken acerca del proyecto, su apego a la Ley Orgánica del Ambiente y su organización en Costa Rica, así como explicaciones de SETENA sobre los asuntos ambientales concernientes al proyecto, entre los principales temas.
En este sentido, los vecinos de las comunidades no están de acuerdo con la Dirección General de Hidrocarburos, pues opinan que si bien fueron informados, no se les consultó sobre sus criterios.
"La consulta de la que habla el MINAE fue un trabajo de "lobby", hubo reuniones siempre con representantes de la Compañía, el gobierno y los sindicatos. Esas reuniones "de consulta" fueron un simple cabildeo de la compañía para persuadir a la gente. Se daba información a la comunidad de que el gobierno impulsaba la actividad petrolera por motivos de desarrollo para Limón. Nunca se habló de las desventajas, sólo de ventajas, eso cambió hasta que los sectores sociales se interesaron. Esa "consulta" se realizó en reuniones muy calladitas y con sectores separados. No hubo ninguna consulta", sentenció José Luis Castillo, integrante de APDE (Asociación Pro Desarrollo Ecológico) y de Limón en Lucha.
Para José Luis Castillo el balance actual no es muy positivo, Harken ha gastado mucho dinero en trabajos de persuasión, como reuniones con periodistas de la zona, a los que dan información desde la óptica de la empresa, y tratan la actividad petrolera como si fuera una alternativa real de desarrollo.
Según los activistas, otro problema son los políticos locales, que están convencidos de la empresa petrolera, y la Municipalidad de Limón (que cada vez tiene más peso en las decisiones, como parte del plan gubernamental de apoyo a los gobiernos locales), apoya la actividad petrolera por desinformación.
"La parte positiva es que desde diciembre de 1999 y enero del 2000, nos hemos preocupado por investigar y conocer la experiencia de otros países, aunque ya hayamos tenido experiencia petrolera, nos hemos documentado, y a partir de eso hemos fundamentado nuestra posición crítica", comentó Castillo.
Algo novedoso es que el movimiento social ha estado apoyado por la empresa privada turística de Limón, porque aunque en Limón existe una amplia experiencia en cuanto a movimientos sociales, ahora los empresarios son activistas, cosa que no había sucedido antes.
"También se ha informado bien a los dirigentes sindicales, que al inicio apoyaban la actividad petrolera, y muchos ya no creen en ella. Ya hay dos sindicatos que apoyan la lucha antipetrolera, y esperamos que los otros se desencanten, una vez que constaten la cantidad real de empleos para la zona", afirmó Castillo.
La estrategia de los activistas por el momento es fortalecer la información masiva y la de los dirigentes, sobre el proyecto petrolero. Así como esperar la resolución de la SETENA sobre el estudio de impacto ambiental junto a las observaciones hechas por los distintos grupos, y el resultado de la audiencia pública convocada por la Municipalidad de Limón para después de la resolución, que aunque no sea vinculante en forma legal, sin duda tendrá un peso moral para todos los
involucrados en la decisión.
Cristina Zeledón, de la Cámara de Turismo manifiesta confianza en el trabajo de movilización y de argumentación jurídico-técnica: "es difícil que la compañía petrolera satisfaga las necesidades del estudio de impacto ambiental. Aquí la gente vive de la costa, y la actividad petrolera nos afectaría tanto en el mar como en la tierra". Para ella y los grupos organizados la decisión del gobierno de ofrecer bloques de exploración es un sin sentido, y una amenaza: "el nuestro es un país muy pequeño, se nos podría ir el país entero", sentencia Cristina.
