Sectores
sociales proponen Ley de Fortalecimiento del ICE (SeMueve:
19-11-00)
Los
representantes de la sociedad civil ante la Comisión
Especial Mixta del ICE dieron a conocer su Informe Final y
una Propuesta de Ley de Fortalecimiento de esa
institución. En el acto de presentación también se
conformó la Comisión Nacional de Enlace y Seguimiento (CONAES)
que procurará la aprobación de la propuesta por parte de
la Asamblea Legislativa.
Esta
semana venció el plazo para que la Comisión Especial
Mixta del ICE presentara su informe final. Dado que no se
llegó a ningún consenso, se entregaron cinco informes.
Las organizaciones sociales representadas en al Comisión
redactaron, además, un texto de reforma a la Ley 449 que
dio origen al Instituto Costarricense de
Electricidad.
El
proyecto contiene 5 capítulos: sobre los propósitos de
la institución; organización y administración;
patrimonio y utilidades; garantías ambientales,
evaluación y régimen de incentivos del ICE. Se
fundamenta en los principios de acceso universal a los
servicios, solidaridad, subsidiariedad y participación
ciudadana, entre otros. Puede leerse en el Informe Final
que para resguardar estos principios "es necesario
rescatar el sentido humanista de la economía".
Pilar
Ureña, representante del sector de Pastoral Social,
definió la propuesta como un "rescate del espíritu
fundante" del ICE: "releyendo esa ley [la 449]
hicimos un intento de rescatar ese espíritu y ponerlo al
día con las aspiraciones de hoy", afirmó.
La
presentación de los documentos se realizó el pasado
viernes 17 de noviembre, en el auditorio de la Conferencia
Episcopal de Costa Rica. Asistieron unas 300 personas,
representantes de múltiples organizaciones sociales y
comunales, ONGs y público en general. Al final del evento
se realizó una presentación del grupo musical
Cantares.
No
a la liberalización de mercados
La
propuesta otorga al ICE y sus empresas la exclusividad en
la prestación de los servicios de energía eléctrica y
telecomunicaciones, con algunas excepciones.
Rolando
Segura, representante sindical ante la Comisión Especial
Mixta, explicó que el más importante de los principios
que inspiran la ley propuesta es la oposición a la
apertura, privatización o venta de activos. (Vea también
el documento "Diez principios para una ley de
fortalecimiento del ICE").
Así,
con respecto al mercado de electricidad, la ley propuesta
concede al ICE la exclusividad en la generación,
transmisión, distribución y comercialización, haciendo
excepción en el caso de las empresas públicas creadas
por ley, las cooperativas de electrificación rural y los
consorcios de cooperativas.
De
acuerdo con William Vargas, de la Representación Social,
las propuestas de apertura del mercado eléctrico fueron
rechazadas al "comprobarse" que "la
cogeneración (eléctrica) es innecesaria y muy costosa,
favorece a un sector que se está haciendo cada vez más
rico."
Agregó
William Vargas que las condiciones del país hacen del
mercado de la electricidad y de las telecomunicaciones un
monopolio natural: "el mercado nacional es tan
reducido que si se abre el monopolio estatal vamos a
terminar con un monopolio privado." Por estas
razones, el proyecto presentado por la representación
social deroga las leyes 7200 y 7508 que autorizan la
generación eléctrica autónoma o paralela (Art. 51). Los
proyectos surgidos al amparo de dichas leyes mantendrán sus
concesiones hasta la terminación de los contratos
respectivos (Transitorio III).
Con
respecto a las telecomunicaciones, el artículo 2 del
proyecto de ley indica que el ICE tendrá "de pleno
derecho la concesión correspondiente por tiempo
indefinido" para brindar los servicios de
comunicaciones telefónicas, telegráficas, radio
telefónicas, radio telegráficas, ópticas y "otras
tecnologías de telecomunicaciones." Además indica
que "el acceso a los servicios de telecomunicaciones
se considera un derecho básico de la sociedad
costarricense y se brindará de manera universal". En
este sentido, y ante la expectativa que han generado el
desarrollo de Internet en el país, William Vargas
señaló que "El ICE tiene la capacidad para brindar
el servicio a un costo menor que RACSA, pero decisiones de
tipo político le han impedido hacerlo".
Por
su parte, Fabio Chaves, representante laboral ante la
Comisión Mixta, señaló que "a dos o 3 años existe
la posibilidad de llevar Internet gratuito a todos los
costarricenses", anuncio que provocó los aplausos de
la multitud.
Administración
participativa y rendición de cuentas
La
ley propuesta pretende la despolitización,
democratización y la participación social en la gestión
de la institución.
Así,
el texto del proyecto es pionero en cuanto a la apertura
de espacios para la participación ciudadana en la
gestión de las instituciones públicas. Esta
participación se daría por medio de las Juntas
Regionales y por medio de la Junta Directiva.
Las
Juntas Regionales serían integradas en cada una de las 7
regiones en que se divide el territorio nacional, con
representantes de los cantones respectivos, elegidos por
votación popular. Tendrían encomendadas tres funciones:
determinar las necesidades de las regiones en el campo de
los servicios que brinda el ICE, fiscalizar y evaluar los
servicios de la institución, colaborar en la formulación
y aplicación de mecanismos de información y de
consulta.
Por
otra parte se propone que la Junta Directiva de la
institución tenga "entera independencia del Poder
Ejecutivo". Estaría conformada por 7 personas,
representantes de diferentes sectores: laboral,
empresarial, ambientalista, Juntas Regionales y sectores
sociales diversos.
La
Junta Directiva tendría asignadas funciones de dirección
estratégica mientras que las decisiones administrativas
serían desempeñadas por la Gerencia General y las
Subgerencias de Electricidad y Telecomunicaciones.
Se
propone que los dos representantes de las organizaciones
sean escogidos mediante voto directo. El Consejo de
Gobierno y la UCCAEP nombrarían sus representantes
directamente. Los representantes de los sectores
ambiental, de las Juntas Regionales del ICE y Sectores
Sociales serían escogidos mediante un "proceso de
elección definido y administrado por la Defensoría de
los Habitantes". Las organizaciones a participar
deberán estar acreditadas ante la Defensoría y tener al
menos dos años de existencia.
Consulta
popular y búsqueda de consensos
La
representante estudiantil Eva Carazo hizo una síntesis
del proceso seguido por la Representación Social para
llegar a la redacción del Informe Final y el Proyecto de
Ley alternativo.
Además
de los criterios que diferentes personas e instituciones
expusieron ante la Comisión Mixta durante las
comparecencias realizadas en la Asamblea Legislativa, la
Representación Social participó en más de 25
actividades de consulta popular como talleres, encuentros
y reuniones de trabajo. Diecisiete de esas actividades se
realizaron en 11 comunidades diferentes, y al menos 10
encuentros más se realizaron con diversos sectores
sociales.
Eva
Carazo señaló que durante las elaboraciones de la
Representación Social "no todos estábamos de
acuerdo, fue un proceso en el que las organizaciones
demostraron muchísima madurez para alcanzar consensos.
Los sectores necesitamos espacios de encuentro para ir
formando ese tejido social que nos hace más
fuerte."
Anuncian
campaña y consulta popular
Jorge
Arguedas, de la Representación Social señaló que la
propuesta de ley no será presentada en este momento a la
corriente legislativa "porque la correlación de
fuerzas es desfavorable a las clases populares". En
ese sentido esperan continuar dando a conocer la ley para
que sea un tema de campaña política en las próximas
elecciones.
Por
su parte Pilar Ureña indicó que "Nuestro interés
es que [el proyecto] vuelva a las bases, a las
comunidades. No es un proyecto 100% terminado, es
necesario que vuelva a los sectores y que sea legitimado y
fortalecido. De esta manera, esperamos, para el 4 de abril
[del 2001] haber recogido enmiendas y firmas de apoyo y
entregarlo a la Asamblea Legislativa. Una vez entregada la
propuesta corresponderá a ellos [los diputados] la
decisión de escuchar o no al pueblo"
La
tarea de coordinar las próximas consultas y la campaña a
favor fue encargada a la Comisión de Enlace y
Seguimiento, integrada por representantes de Comités
Pro-ICE de diferentes zonas del país y organizaciones
sociales.
Las
propuestas de la Representación Social tendrán que
competir con las del PUSC, el ML, y el sector empresarial,
que abogan por una liberalización de los mercados de
telecomunicaciones y energía. De acuerdo con informes de
prensa, las propuestas del PLN y FD son contrarias a
continuar el proceso de liberalización.
